Son centenares los informes con reparos que emite la vicesecretaria por incumplimiento de la ley de contratos por parte del delegado de Hacienda y este ni se inmuta. El alcalde levanta los reparos y aquí no pasa nada.
Uno de los contratos que más relevancia tiene en el ayuntamiento es el contrato de servicios por asesoramiento jurídico, dada su importancia por la cantidad de demandas que se reciben de los trabajadores, de los sindicatos y de responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, así como la cantidad de informes que se requieren en especial ante un equipo de gobierno bisoño y sin experiencia alguna en la gestión política municipal.
Llevamos más de 2 años detrás del ayuntamiento y de la Delegada de Trasparencia, Carmen Sáez García, del PP, para que nos facilite la documentación al respecto. Ha tenido que ser cuando el Consejo de Transparencia ha incoado expediente sancionador contra el ayuntamiento a este respecto cuando nos la han facilitado y por fin, aunque tarde y no toda la que desearíamos, tenemos la documentación y podemos terminar la investigación iniciada, aunque faltaría rematarla por los actores que les corresponde, los grupos de la oposición.
En el mandato anterior había un gabinete de asesoramiento radicado en el municipio y al vencimiento del contrato del mismo (se supone que al año) se solicitaron ofertas para dicho servicio. Y siguiendo la Ley de contrato menor de servicios, la Junta de Gobierno Local (JGL) de febrero 2018 acuerda solicitar las ofertas con un presupuesto tope de 10.000 € IVA incluido. En total se solicitaron 8 ofertas para dicho servicio y se publicó anuncio y pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas en el Perfil del Contratante, presentándose tan solo 3 ofertas, incluida la anterior asesoría. Tras los trámites legales preceptivos y tras las preliminares quedaron 2 asesorías y se contrató a MADESA, la más ventajosa económicamente por un coste de 6.600 € más IVA, un total de 7.986 € anuales por el SERVICIO DE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR. Todo muy correcto en principio, pero, sin embargo, se incluyó una cláusula de una sola prórroga anual cuando la ley no lo permite y otra cláusula interesante acerca de que no se revisarán los precios.
Llega el vencimiento del contrato en abril 2019 y no se vuelve a licitar, sino que se aplica la cláusula de la prórroga de un año, que no está permitido, pero se hace por acuerdo de la JGL de marzo 2019, justificando la gran cantidad de procesos judiciales abiertos en los que están designados MADESA como abogados para la representación y defensa de este ayuntamiento y mediante decreto de alcaldía de principios de mayo queda prorrogado dicho gabinete exclusivamente un año más, hasta abril de 2020, y con el mismo precio y condiciones.
Pero llega abril de 2020, donde ya ejerce el nuevo Delegado de Hacienda y RRHH, Manuel Macías Miranda, y no se efectúa licitación nueva, sino que se firma un nuevo contrato de servicios y el contrato de prestación de servicios. Una vez firmado sufre un brutal incremento de 6.600 €, a más del doble, a 13.200 € más IVA, que supone un coste de 15.972 € y dicho incremento se justifica en el contrato por el volumen de trabajo a realizar, con el conforme del Delegado de Hacienda y con el informe de la vicesecretaria de 21 de abril de 2020 que literalmente dice “No procede contrato menor que viene siendo de tracto sucesivo desde hace años. Me remito a la información por esta vicesecretaria en el informe de fecha 30/03/2020 en el expdte. 1/18-Ctos. por el que se contrató de esta misma empresa por procedimiento negociado sin publicidad”. Dicho informe manifestaba que se informaba en plazo a la JGL del vencimiento del contrato de este servicio y la necesidad legal de licitarlo de nuevo. La JGL pide a la vicesecretaria si, debido a la pandemia, es factible mantener este contrato y servicio una vez venza el plazo del mismo, lo que al parecer es factible según la vicesecretaria por un periodo máximo de 9 meses, siempre y cuando se den unos requisitos especiales. Y recuerda la vicesecretaria que la diputación ofrece la asistencia jurídica al ayuntamiento y se firma una prórroga de 3 meses desde mayo 2020 a julio 2020 y otra prórroga de 6 meses de agosto 2020 hasta enero 2021.
En ese periodo consta de nuevo informe anexo de la vicesecretaria con el mismo tenor que se ha citado entrecomillado anteriormente, añadiendo el siguiente párrafo: “ya se ha realizado otro contrato para el mismo fin en un periodo anterior, conforme a la propuesta de contratación 106/20, por lo que se trata DE PRÓRROGA ENCUBIERTA”
En enero 2021 se acuerda que esta asesoría también lleve la dirección letrada del concurso de acreedores de Sanlúcar Sostenible, S.L. por importe de 4.900 € más IVA, total 5.929 €, sin licitación alguna, apoyándose en que conoce los asuntos del ayuntamiento y además ya ha realizado informes para el anterior equipo de gobierno sobre dicha sociedad.
Nos plantamos en febrero 2021 y se firma un nuevo contrato con MADESA, sin licitación, sin ofertas, con el mismo precio y hasta el 31 de enero de 2022. En 23.03.2021, la vicesecretaria, en anexo a la contratación realizada, vuelve a repetir lo reseñado entrecomillado anteriormente, añadiéndole el contrato menor realizado sobre Sanlúcar Sostenible, S.L.
No se nos ha facilitado más documentación y por lo expuesto en los plenos y preguntas realizadas por la concejala Elo Cantos del GIS en el pleno de 31 de mayo de 2022 se deduce que en 2022 se ha debido firmar otro contrato o una prórroga con MADESA, porque una de las preguntas que hizo en la dación de cuentas de decretos en el citado pleno fue sobre el pago a MADESA de 15.972 € y respondió el Delegado de Hacienda que era el cargo del ejercicio 2022 y se iría pagando mensualmente, por lo que deducimos que existe dicho contrato y no se ha licitado, incumpliendo la normativa una vez más. De hecho la citada concejal preguntó en dicho pleno por la licitación de este servicio de asesoramiento y el Delegado de Hacienda le responde que está en ello… Más de lo mismo y lo de siempre, sin respuesta alguna.
Entendemos que se vulnera el principio democrático de concurrencia y participación de las demás asesorías jurídicas y letrados/as, en particular las ubicadas en el municipio, además se ha hecho sin informar y saltándose la normativa y con la cuestión sin aclarar de cuándo y quién ha acordado la subida del doble de los honorarios. Y lamentablemente permitido por la oposición que no debería pasar un minuto más sin actuar, porque esta forma de actuar se debe calificar y actuar en consecuencia.
OCM Sanlúcar la Mayor 